Con sólo mirar a nuestro alrededor y preguntar a nuestros conciudadanos advertimos inmediatamente una sonora queja sobre la dinámica global de la sociedad de nuestro tiempo. Hemos avanzado en muchos campos de la vida -sobre todo en el ámbito científico-técnico-, pero sentimos que nuestras vidas no son mejores ni somos más felices. La convivencia humana parece resentirse de manera significativa.

A ese malestar de nuestra cultura está contribuyendo la poca estimación en que tenemos a la familia, su continua desnaturalización y las constantes embestidas que recibe desde los gobiernos de las diferentes Administraciones y de otros grupos sociales. A todos se les llena la boca con palabras grandilocuentes y, en el mejor de los casos, se promete a las familias ayudas fiscales o incentivos y subvenciones, que siempre son bienvenidas y siempre son escasas. Pero, a renglón seguido, en aras a no se sabe bien que supuesta modernidad, se vapulean los cimientos de la sociedad, atacando gravemente a esa primera célula sobre la que se fundamenta la construcción de toda sociedad civil, como es la familia.

La familia en sus diferentes concepciones siempre ha tenido como núcleo la unión de un hombre y una mujer, iniciada por las necesidades biológicas de la especie, impulsada e iluminada por la capacidad humana del amor, y abierta a la procreación y a la educación de la prole. A los seres humanos, para llegar a serlo, no nos basta con el periodo de incubación en el seno materno, sino que precisamos un tiempo largo de progresión biológica y de formación humana y espiritual. Ese recinto de construcción de la persona es la familia: el lugar donde nos hacemos mujeres y hombres maduros, capaces de continuar la conquista de la vida. Y ese espacio vital precisa de estructuras claras y estables.

Por esto, desde los tiempos más remotos y en los lugares más recónditos, ha existido una relación definida, duradera y pública, en la que compartir la vida, contribuir a su continuidad, traer a los hijos y educarlos eficazmente. Y es curioso que a esa institución natural, humana y jurídica se le haya dado el nombre de matrimonio. Porque este término viene de nuestra lengua madre, el latín -matri (madre) y munio (fortalecer)-, y significa, pues, el espacio donde la maternidad se fortalece y se defiende. Ese es su origen: una institución que salvaguarda el papel de la maternidad y donde se garantizan los derechos de los hijos, entre los que se encuentra la prerrogativa a conocer su origen paterno. Esa institución es una realidad de la naturaleza biológica y de la naturaleza social del hombre, configurada con una serie de rasgos establecidos pública y generalmente, e indisponibles para los particulares. El que quiera acceder al matrimonio puede hacerlo libremente, si cumple con sus requisitos; sin embargo, no puede redefinirlo a su libre arbitrio, porque éste viene determinado por la naturaleza y por necesidades específicas e implícitamente humanas. Lo que está en juego en ese consorcio es la misma sociedad, como espacio cardinal de comunicación y de convivencia antropológicas.

La libertad humana, unos de los derechos ineludibles de las personas -muy próxima al grado de los derechos absolutos-, puede originar otro tipo de convivencias entre los seres humanos, unas más esporádicas y circunstanciales, otras más estables y duraderas. Aquellas más permanentes pueden producir consecuencias fácticas y originar derechos que el Estado deberá reconocer y proteger en muchos casos. Esas convivencias posibles podrán basarse en relaciones sexuales o, por el contrario, tendrán su principio o finalidad en otros intereses. Pero todas merecerán la consideración, respeto y la protección debida, de conformidad con su esencia y con la calidad de sus efectos. Pero lo meridianamente claro es que no serán matrimonio, si no se pueden definir como un consorcio estable entre el hombre y la mujer, cuyas finalidades son la realización de sus vidas propias en esa comunidad conyugal y la procreación y educación de la prole. Serán muy respetables otras formas de convivencia, merecerán incluso protección, pero nunca serán matrimonio.

Las medidas políticas que se adopten en la dirección de confundir la realidad y de asemejar o igualar cosas que no son iguales en cuestión tan importante, serán radicalmente perjudiciales para la sociedad y para su fundamento: la familia. Defender el verdadero matrimonio no es una cuestión de ética privada o de moral religiosa. Es, por el contrario, defender y salvar a la propia sociedad civil ante los peligros de descomposición y destrucción. Así, el Estado que promueva estas leyes ataca directamente a la naturaleza humana e hiere mortalmente el corazón de la sociedad. Luego vendrán las quejas y, como siempre ocurre, la solución de nuestros problemas no los buscaremos en su raíz, sino que “huiremos hacia delante” parcheando los conflictos.

Este es un problema serio; pero el Gobierno amenaza con otra grave medida contra la familia, como es el llamado “divorcio rápido”. Como siempre, usa de la mentira y la manipulación para presentarlo. Se dice que no hará falta alegar motivo alguno para divorciarse, del mismo modo que la ley no pide motivo para casarse. Pero esto es una falacia olímpica. La actual ley solamente exige motivos para divorciarse, cuando entre la pareja no hay mutuo acuerdo de ruptura. En ese caso, el divorcio se hace contencioso y el juez debe analizar los argumentos que conducen al que pide el divorcio y los que esgrime la parte que lo deniega, porque al final tendrá que tomar una decisión y darle la razón a alguna de las partes; en consecuencia, el que pide el divorcio debe justificarse. Si esto no fuese así, es decir, si cada miembro de la pareja matrimonial, pudiera resolver el contrato matrimonial cuando quiera y a su libre arbitrio, sin contar con la otra parte, ya no estaríamos ante un caso de divorcio, sino de repudio. Por el repudio en las antiguas sociedades occidentales pre-cristianas, el hombre podía rechazar a la mujer propia y dirimir el matrimonio por su cuenta, sin acuerdo y sin ningún motivo. Eso, que atentaba gravísimamente contra los derechos de la esposa, es lo que algunos parecen querer para todos. Es decir, se quiere impedir que todas las partes de un pleito puedan ser oídas en juicio y cercenar el derecho a que sus razones puedan ser tenidas en cuentas en situaciones que les afectan. En el fondo, un paso atrás en la evolución y desarrollo de la humanidad.

Y sin embargo, entre tanto atentado a la dignidad y al progreso humanos, nos seguiremos lamentando -¡eso sí!- de los graves problemas de las familias, de las dificultades para salir adelante, de las deficiencias en la educación de nuestros hijos, de la violencia y del desarraigo social y urbano. Pero del mismo modo, mudos -y hasta eufóricos- nos dejaremos llevar por medidas, presentadas tendenciosamente como modernas, y que en verdad son peligrosamente dañinas para el progreso riguroso, estable, sano y eficaz de la humanidad.

Andrés Francisco Peña