La actividad económica se basa tanto en la oferta como en la demanda de los productos. El acuerdo entre ambas se plasma en el contrato, estableciéndose en ese acto una dinámica de factores que intervienen (publicidad, expectativa de beneficio, intervención pública etc.). A esa ley de oferta y demanda debe añadirse un adecuado sistema monetario.

Según se establezcan las posibilidades de la oferta y la demanda habrá distintos modelos: monopolio (un solo vendedor), oligopolio (unos pocos vendedores), competencia imperfecta (muchos vendedores) y competencia perfecta (muchos compradores y vendedores)

La competencia perfecta y el monopolio aparecen hoy como modelos teóricos del sistema de precios, cada uno en un extremo del mercado (total competencia uno, ninguna competencia el otro). Los modelos reales son, en cambio, el oligopolio y la competencia imperfecta, que están inmersos en un mercado donde la información no es total, los productos en su mayoría son indiferenciados y algunos vendedores inciden en los precios.

La economía de mercado cumple tres funciones eficaces dentro de una razonable competencia: estimula la producción de bienes y servicios, asigna personas y recursos para disminuir coste y aumentar calidad, y orienta la distribución para usos más eficaces económicamente.

El mercado respeta la libertad económica, estimula la iniciativa y la creatividad, crea y distribuye riqueza. Por todo ello la Centesimus annus considera al mercado como un instrumento eficaz para colocar recursos, responder a las necesidades, favorecer el intercambio y dar primacía a la voluntad y preferencias de las personas (2).

Pero la Doctrina social de la Iglesia también es consciente de los riesgos de la idolatración del mercado. Entre sus límites señala: existe el riesgo de que solamente atienda a las demandas más solventes; puede mercantilizar todas las necesidades o sacar al mercado bienes inalienables de carácter religioso, cultura o espiritual; puede fomentar necesidades artificiales; y a veces el mercado es incapaz de distribuir justamente las rentas, no retribuyendo adecuadamente el trabajo, explotando a los trabajadores o no reconociéndoles sus derechos.

La actividad económica, según declara la Gaudium et Spes, debe estar dirigida por el criterio ético de contribuir al desarrollo humano. Esto se plasma en los componentes del mercado de la siguiente manera:

a) La libertad económica debe estar al servicio del hombre: La libertad económica no es absoluta, sino que se encarna en la libertad humana, la cual debe realizarse en la interdependencia social, en el bien común y en la atención a los más débiles.

b) La libre competencia debe estar al servicio de la cooperación: Este elemento fundamental del mercado debe orientarse para superar la codicia y el individualismo (3).

c) Los contratos deben estar presididos por la justicia y la equidad: No basta el simple consentimiento para la licitud de un contrato, sino que además de versar sobre materia licita, debe realizarse en condiciones libres y equitativas (4).

d) Los beneficios y la inversión deben estar orientados éticamente: Las inversiones se orienta a los beneficios, que indican la utilización correcta de los factores productivos y la buena marcha de la empresa. Pero, más allá del horizonte económico, deben ansiarse los valores morales y culturales, es decir, el beneficio debe obtenerse de modo justo y las inversiones deben aspirar a la justicia distributiva (5).

Para la Doctrina social de la Iglesia el mercado debe estar controlado por las fuerzas sociales y por el Estado. Sin control el mercado puede caer en la permisividad sin referencias éticas o sociales; pero también es peligrosa la intervención desmesurada del Estado.

El Estado debe crear un marco jurídico e institucional para proporcionar seguridad jurídica y para vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos de la persona en el sector económico (6). El Estado debe establecer políticas económicas y monetarias para favorecer la libertad económica, fomentar el empleo, estabilizar la moneda; debe asegurar la competencia mercantil; debe fomentar la iniciativa privada y, cuando ésta sea insuficiente, suplirla; está obligado a apoyar las iniciativas sociales para la formación de los trabajadores y la promoción profesional; y debe promover, por último, los bienes públicos, protegiendo lo colectivo, creando legislaciones adecuadas y salvaguardando la moralidad pública, como condiciones para una auténtica “ecología humana” (7).